En la tercera jornada del webinar del CESEDE sobre “Fuerzas Armadas y Policía ante el COVID-19 en América Latina” se analizaron las estrategias utilizadas por las instituciones armadas para enfrentar la pandemia en diversos países

Desarrollado el jueves 18 de junio, especialistas del ámbito de la seguridad y defensa de varios países analizaron la forma en que estamentos militares, policiales y de la sociedad civil de varios países afrontaron el confinamiento en los hogares y todas consecuencias sociales, políticas y económicas derivadas de la pandemia.

portada CESEDE 18 de junio

SANTO DOMINGO.- En su tercera y última jornada, el webinar del Centro de Estudios de Seguridad y Defensa (CESEDE) de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) sobre “Fuerzas Armadas y Policía ante el COVID-19 en América Latina”, especialistas destacaron los diferentes abordajes que ante la pandemia provocada por la expansión del Covid-19 se hicieron en Europa, América Latina y África.

En su presentación, MSc Felipe Estre, research coordinador de Red de Seguridad y Defensa de América Latina (RESDAL) de Brasil, indicó que al analizar la forma en que disposiciones políticas adoptadas en Europa, América Latina y África, respecto a la pandemia, incluyeron cierre de fronteras y aislamiento social obligatorio, mientras que, en otros, los comercios han permanecido abierto por más tiempo y la circulación dentro los territorios nacionales se regulaba de diferentes formas.

Del papel de las Fuerzas Armadas refirió tres aspectos claves: apoyo al sistema de salud, apoyo al mantenimiento del orden público y apoyo directo a la población.

La asistencia al sistema de salud ha sido la principal actividad llevada a cabo, el apoyo logístico, para la distribución de medicamentos y equipo estratégico son las actividades más comunes, según los expositores, quienes también resaltaron el apoyo brindado a la población en la distribución de agua y alimentos y su integración a los equipos de trabajo para la fabricación de uniformes, mascarillas y otros recursos de protección personal.

La directora del CESEDE, Josefina Reynoso, condujo las tres jornadas del seminario web y destacó entre las conclusiones finales asumidas por los expositores “la necesidad de replantear los roles de las fuerzas de orden ante la polivalencia y la redefinición del manejo del Estado ante futuras amenazas de bio-seguridad.

También se advirtió que es imprescindible evaluar el uso los “estados de excepción o de emergencias de salud”, ya que los mismos pueden ser utilizados para otorgar una preeminencia al Poder Ejecutivo, “y favorecer a los mandatarios de turno”.

La importancia de las partidas presupuestarias a las FF AA y los organismos policiales, fue otra reflexión en la que coincidieron, para contribuir a la capacitación, equipamiento y seguridad del personal, para reducir la exposición y contagio de los agentes.

Reorientar la cooperación internacional y analizar la magnitud de los costos estratégicos que está dejando la pandemia fue tema de discusión, igualmente, tomando en cuenta la limitación de recursos que se tendrá en la llamada “nueva normalidad”, porque el replanteamiento de la seguridad y la defensa va a tener que hacerse en función de la disponibilidad de recursos.

Con una audiencia que superó más de 300 personas, en el seminario participaron también el General de División del Ejército de Brasil, Luciano José Penna, presidente del Consejo de Delegados de la Junta Interamericana de Defensa; el Coronel del Ejército de Tierra D. Pedro Polo Campo, jefe de la Sección de Doctrina del Centro Conjunto de Desarrollo de Conceptos del Estado Mayor de la Defensa; el Coronel PNP César Echevarría, presidente de la Agrupación de Agregados de Policía de América Latina en Estados Unidos (APALA); el Dr. Gabriel Gaspar, exviceministro de Defensa de Chile.

En su exposición el General de División del Ejército de Brasil, Luciano José Penna, presidente del Consejo de Delegados de la Junta Interamericana de Defensa, expresó que “el objetivo desde la perspectiva militar es limitar la propagación y los efectos del virus en las operaciones militares, la capacidad de respuesta, y la preparación, así como apoyar la respuesta nacional” en sustento al poder político en la lucha contra la pandemia, bajo esta idea es que se puede explicar la participación de las Fuerzas.

El coronel del Ejército de Tierra D. Pedro Polo Campo, miembro del Centro Conjunto de Desarrollo de Conceptos del Estado Mayor de la Defensa, de España, señaló la necesidad de “desarrollar planes de preparación y respuesta ante las amenazas y los desafíos. Cada uno de los ministerios que puedan ser responsables de liderar una situación frente a un riesgo, amenaza o desafío de los previstos, deberá tener sus planes de contingencia, que deben estar coordinados por el Sistema de Seguridad Nacional.”

También enfatizó en la importancia de un análisis prospectivo para visualizar las acciones del futuro, ya que “la próxima crisis de seguridad podría deberse a cualquier otra causa, afectando de manera muy importante a las infraestructuras críticas y de comunicaciones, al normal suministro de energía y de bienes de consumo, causando daños económicos y comerciales muy graves y poniendo en riesgo muchas vidas humanas”.

La flexibilidad de la estructura y el funcionamiento de las FF. AA. permitió en todos los países el éxito en la lucha contra la bioseguridad y la pandemia, por lo que el apoyo de estas al poder político son fundamentales, de lo cual se deriva “un gran acierto”, porque han demostrado su capacidad para reaccionar eficazmente desde el inicio, desempeñando misiones no puramente militares, pero que por su particular naturaleza pueden igualmente llevar a cabo”.

El coronel César Echevarría, presidente de la Agrupación de Agregados de Policía de América Latina en Estados Unidos (APALA), presentó la visión desde las policías y su participación en coordinación con las FF. AA. Argumentó que aunque tienen roles diferentes por su naturaleza, en algunos momentos se produce una intersección en sus funciones, ya que en algunos países el ordenamiento jurídico permite las actuaciones de ambas instituciones en casos donde se desborden las capacidades.

En el caso específico de Perú, el especialista manifestó que el Gobierno otorgó responsabilidades al Ministerio de Defensa (de donde dependen la Fuerzas Armadas) y al Ministerio del Interior (responsable político de la Policía Nacional), por sus conocimientos sobre la realidad nacional, por su carácter descentralizado y presencia real en el país; experiencia en los principales eventos históricos y su participación en eventos masivos de trascendencia internacional.

Otro aspecto que destacó Echevarría, es la relación pandemia y criminalidad. Se refirió a una fase de “congelamiento de la criminalidad”, donde las cifras demuestran que en los primeros 15 días de cuarentena, en Estados Unidos los delitos se redujeron en un 50% y en España 74%, mientras en América Latina se experimentó un marcado descenso en los homicidios, aumentando los niveles de ciberdelitos y violencia intrafamiliar. En el contexto destacó que la policía tendrá que replantearse sus actuaciones ante esta nueva normalidad.

En el caso de Perú, el directivo de APALA resaltó que para el periodo 2019 – 2020 se registró una disminución de la incidencia delictiva del 72% (Información proporcionada por la Central de Operaciones PNP), pero advirtió que existen cifras que preocupan en el transcurso de este año porque se contabilizan 287 detenidos por violación sexual (Diario Correo del 10JUN2020) y la comisión de 55 feminicidios a nivel nacional (Observatorio del crimen del Ministerio Público).

“La Violencia Familiar se ha convertido en el delito de mayor incidencia, como se arguye mayoritariamente, como consecuencia del confinamiento social”, explicó, y agregó que luego de noventa y cuatro días de cuarentena, se ha presentado una segunda ola criminal, unidades especializadas han retomado su función, para mantener esos niveles de congelamiento, y para declinar esa meseta de incidencia delictiva.

Echevarría también reflexionó sobre el uso por los países del “Estado de emergencia y emergencia sanitaria”. Afirmó que las legislaciones internacionales difieren respecto a los alcances de los regímenes de excepción, pero ante el COVID 19 se ha incrementado la figura de la “emergencia sanitaria”, y a raíz de ellas, una serie de disposiciones a nivel de gobiernos locales.

Recordó que mediante decretos supremos, de urgencia u ordenanzas, se establecen medidas necesarias pero que en su aplicación han sido encargadas a la Policía y a las Fuerzas Armadas. De estas medidas “novedosas y necesarias”, dijo que “generan deberes y obligaciones con su subsecuente penas y multas por su incumplimiento, pero también involucran derechos, generando inconvenientes en su aplicación”, lo que nos trae una nueva puerta de debate.

Al respecto, Roberto Cajina, miembro de la Junta Directiva de Red de Seguridad y Defensa de América Latina (RESDAL), de Nicaragua, se preguntó si ¿es necesario un estado de emergencia en una situación de crisis sanitaria? Entiende que existen bemoles, entre los ordenamientos constitucionales de cada país y las leyes de estados de emergencias o excepción, que deben ser motivo de debate.

El Dr. Gabriel Gaspar, exviceministro de defensa de Chile, planteó que “estos estados de emergencia consideran medidas excepcionales, inclusive la limitación de derechos constitucionales, el cierre de fronteras, la afectación a los derechos de circulación y reunión. También restricciones al derecho de propiedad”.

Asimismo, consideró que “las catástrofes otorgan una preeminencia al Poder Ejecutivo, “que juega a favor de los mandatarios de turno. Les concede un gran protagonismo”. Recordó que La pandemia estalló en un momento en que varios países de nuestra región vivían diversas crisis, que el panorama político sudamericano estaba muy agitado antes de que el virus aterrizara en la región y que la pandemia puso en suspenso a estas crisis.

La agenda -agregó el analista chileno- fue copada por la prioridad sanitaria y los gobiernos tuvieron que demostrar su capacidad operativa, como en el combate al virus, y en este contexto se implantaron los estados de emergencia y las FF. AA. se desplegaron en su misión de apoyo a la población para enfrentar una emergencia a nivel nacional.

La cooperación internacional también fue un tema relevante en esta tercera entrega. La directora del CESEDE se enfocó en buscar respuestas a la pregunta ¿Cómo se van a redefinir las asistencias financieras o técnicas?. Consideró que se van a tener que redefinir sus prioridades, y los países que reciben cooperaciones regulares (como los países de América Latina), “tendrán que delimitar sus prioridades en función de cómo se redefinan las cooperaciones a nivel global, en el caso de la Unión Europea, Estados Unidos, Asia, y luego a nivel local. Enfatizó que si la cooperación internacional sufrirá necesariamente un giro, va a estar marcado por la naturaleza de la pandemia y por los efectos económicos de ésta.

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