El Estado debe mantener los niveles de riesgos de la ciudadanía controlados

La afirmación la hizo el juez Modesto Martínez durante el conversatorio “Los retos y desafíos de la justicia dominicana en el siglo XXI frente a la inseguridad ciudadana”, en el Auditorio de Funglode.

SANTO DOMINGO.- La seguridad ciudadana es un derecho de toda persona de sentirse protegida con su entorno, y una responsabilidad del Estado de propiciar las condiciones para que esa sociedad mantenga todos los niveles de riesgo controlados, afirmó el magistrado Modesto Martínez, en un conversatorio que tuvo lugar el miércoles 29 de mayo, en el Auditorio de Funglode.

Martínez abordó el tema en la charla “Los retos y desafíos de la justicia dominicana en el siglo XXI frente a la inseguridad ciudadana”, organizada por el Centro de Estudios de Seguridad y Defensa (CESEDE), de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode).

El juez de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional, resaltó, ante un auditorio desbordado, que la seguridad ciudadana ocupa un lugar preponderante en lo que son “los retos y desafíos de los gobernantes en todos los países de Iberoamérica”.

Se le da una importancia preponderante a todo lo que es crimen o delitos, aseguró, pero señaló que realmente en la sociedad de hoy hay que tener una visión “más expansiva” para entender que no solo los crímenes y los delitos constituyen elementos de riesgos, sino que cualquier situación que afecte la integridad de la persona hay que considerarla como un elemento de inseguridad.

Entre los temas que explicó están: la seguridad o inseguridad ciudadana, los elementos que abonan la criminalidad y el desempeño de la justicia actual. Además, comentó sobre un proyecto novedoso acerca del sistema de justicia penal, para poder resolver los problemas de la sociedad hoy en día.

Josefina Reynoso, directora del CESEDE, presentó al expositor y destacó su experiencia para referirse a un tema fundamental para la sociedad dominicana.

El doctor en Derecho, con estudios en Reforma Judicial, en la Universidad Tulane y en la Universidad Loyola Nueva Orleans, en Louisiana, ofreció un amplio enfoque sobre el sistema judicial dominicano y los desafíos a los que se enfrenta en la actualidad, en medio de la llamada “inseguridad ciudadana”.

Martínez fue juez de la 8va. Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional y de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

El jurista es autor de las obras El juicio en el nuevo proceso penal, El abogado penalista y El Salto: La redención. En este último texto hace un diagnóstico sobre las falencias de la sociedad dominicana y crea una novedosa propuesta para la solución de los males que la aquejan.

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