Biodiversidad
amenazada
Una radiografía crítica del medio ambiente
Una exhaustiva
radiografía del estado del Medio Ambiente en el país nos lleva
a la conclusión de que la República Dominicana vive una aguda
crisis ambiental. Una crisis que es de conciencia, de educación,
de valores, de visión de futuro, de manejo y de políticas
claras. Por eso se plantea la necesidad de cambiar radicalmente
la visión inmediatista con la que se está trabajando en este
sector para programar un esquema sustentable a largo plazo.
Un repaso por la diversidad biológica del país, el Sistema
Nacional de Áreas Protegidas, el estado actual de las políticas
de Medio Ambiente y de la legislación, y los principales problemas
que amenazan la biodiversidad del territorio dominicano.
Sinopsis
La República Dominicana,
a pesar de su limitado tamaño, es uno de los países más ricos
en biodiversidad de todo el Caribe. Múltiples especies de
insectos, anfibios, reptiles, peces, aves, plantas, muchas
de ellas endémicas de la Isla Española habitan aquí. La riqueza
y sostenibilidad de estas especies y ecosistemas se encuentran
sin embargo seriamente amenazada debido al uso inadecuado,
indiscriminado y excesivo que hace de ellos la población.
La pobreza y la falta de conciencia ambiental, al tiempo que
son efectos de la degradación de los recursos naturales, se
convierten a la vez en causas inversas de esta degradación.
El cambio de uso de la tierra derivado de la ausencia de
reconocimiento de la capacidad de uso de ésta, lleva a fenómenos
como la erosión de los suelos, la desertificación, el cambio
en los patrones climáticos, la falta de precipitaciones, el
deterioro de las cuencas hidrográficas, la desaparición de
los bosques y de las especies silvestres de flora y fauna,
etc. Y a pesar de los esfuerzos por conservar determinadas
áreas silvestres y por regular el uso de los recursos naturales
y el medio ambiente a través de una legislación ambiental
moderna, lo cierto es que la degradación continua y parece
no haber forma de detenerla. El círculo vicioso de la pobreza
y la degradación ambiental parece ser un proceso incontenible.
Frente a esta situación se impone anteponer políticas y voluntades
que frenen esta situación y enrumben al país por los senderos
de un desarrollo socioeconómico y ambiental responsable, que
sea sostenible para las presentes y futuras generaciones.
1.
Introducción
El medio ambiente es un
fenómeno complejo, integrado por aspectos naturales y antrópicos
que interactúan y se condicionan recíprocamente. Hacer un
enfoque del estado del medio ambiente implica, en consecuencia,
tratar en sus interrelaciones aspectos como el estado y calidad
de la diversidad biológica, del bosque, las aguas, el aire,
el entorno marino costero, las cuencas hidrográficas, los
suelos, el sistema orográfico, etc.
Sin embargo, un trabajo de tal envergadura no es
posible presentarlo en un pequeño ensayo como éste. Por ello,
hemos limitado nuestro enfoque a los tópicos que consideramos
más relevantes y cruciales para caracterizar las principales
tendencias del país en materia de medio ambiente y manejo de
recursos naturales. Estos tópicos tienen que ver con la diversidad
biológica, el sistema nacional de áreas protegidas, las políticas
ambientales, el marco legal e institucional de tales políticas,
el uso actual y potencial de la tierra y el estado de las aguas.
El abordaje de estos temas no es
en modo alguno exhaustivo, el enfoque que hacemos abarca las
características que consideramos fundamentales, pero sin abarcar
toda la riqueza de detalles de cada uno de ellos. Se hace una
caracterización separada de cada tópico, pero teniendo en cuenta
que esta separación es sólo para fines de análisis, pues en
el contexto concreto, existe un entrelazamiento que no permite
su trato aislado sino integral. Es esta perspectiva de integralidad
lo que va a permitir tener una visión de conjunto del estado
del medio ambiente y los recursos naturales, así como de las
causas que provocan su degradación. República
Dominicana vive actualmente una aguda crisis ambiental. Una
crisis que es más que todo una crisis de conciencia, de educación,
de valores, de visión de futuro, de manejo. El uso de los recursos
responde a una visión inmediatista, lo cual conduce a un esquema
de desarrollo que no tiene ninguna preocupación por las generaciones
venideras. Se trata, en fin, de una crisis de sostenibilidad,
en donde el ser humano no es capaz de mantener el balance de
los sistemas naturales y de vivir acorde con las leyes de dichos
sistemas. Revertir esta crisis es el principal reto de una visión
sustentable del desarrollo. El objetivo
de este ensayo es, pues, exponer en forma analítica los principales
problemas derivados del uso inadecuado de los recursos naturales
así como argumentar en torno a la necesidad de su manejo sustentable.
Para ello se parte de varias fuentes de información que han
analizado en distintos momentos la temática ambiental.
2. Diversidad Biológica de la República Dominicana
No obstante ser un país muy pequeño, con unos
48,442 Km2, la República Dominicana cuenta con una gran diversidad
climática y de zonas de vida, que permite a su vez la existencia
de una gran diversidad de especies y ecosistemas. El país posee
la elevación más alta del Caribe, el pico Duarte, con 3,175m
sobre el nivel del mar y con la depresión topográfica más baja
del Caribe, 40 metros bajo el nivel del mar en el Lago Enriquillo,
en el Valle de Neiba.[1] Otra
característica importante de la República Dominicana y de gran
significado ecológico es su ubicación geográfica limítrofe entre
el trópico y el subtrópico, lo cual, sumado a las características
anteriores ha favorecido la formación y adaptación de múltiples
especies y subespecies en una larga lucha evolutiva por su supervivencia.[2] Debido a la heterogeneidad
y variabilidad de sus regímenes climáticos, la República Dominicana
es uno de los países con mayor número de especies silvestres
nativas, ocupando el segundo lugar en riqueza de biodiversidad
dentro de las islas del Caribe.[3] Y
si bien los autores no están totalmente de acuerdo en el número
de especies endémicas y nativas del país, las cifras que ofrecen
son bastante similares.[4] En general, la flora de la Isla contiene aproximadamente unas
5,657 especies, con un 36% de endemismo. Se estima que existen
aquí unas 5,000 especies de plantas de altura, de las cuales
1,800 son endémicas. Existen también 296 especies de aves, de
las cuales 23 son endémicas. 1).[5] En
el caso de los peces, el nivel de endemismo alcanza el 53%,
para los anfibios el número de especies endémicas es de 97%,
en tanto que para los reptiles es de 83%.[6]
Cuadro No. 1
Diversidad, endemismo y especies amenazadas
en plantas y vertebrados terrestres de la Rep. Dominicana
Según
la organización ambientalista Conservation
International, en la isla Española existe una de las mayores
concentraciones de especies endémicas del Planeta. Los reptiles,
como los lagartos Anolis, son particularmente diversos: 497 especies de reptiles se
encuentran en ésta, 80% de las cuales son endémicas. El número
de especies de vertebrados es de 1,518, siendo más de la mitad
de ellos únicos al Caribe.[7]
3.
El Sistema Nacional
de Areas Protegidas
Las áreas protegidas son fundamentales para la conservación
y preservación de la diversidad biológica y genética, así
como para la regulación de las cuencas hidrográficas, la conservación
y fijación de suelos, los intercambios de gases por parte
de la masa vegetal y el valor escénico para fines turísticos,
recreativos y goce estético.
Al igual que en la mayoría de los países de
América Latina, en la República Dominicana se ha ido consolidando
un sistema nacional de áreas de conservación, que, según se
define en la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
comprende todas las áreas de ese carácter, existentes y que
se creen en el futuro, públicas o privadas.[8]
El interés por la conservación de los recursos naturales
por medios de las áreas protegidas ha sido un proceso creciente
que ha pasado de 9 áreas en 1980 a 70 en el 2000. Según se
muestra en el cuadro siguiente, en el 2000 habían 31 parques
nacionales, ocupando una extensión aproximada de 12,586.54
km2.
Cuadro No. 2
Area de superficie ocupada por áreas protegidas en la República Dominicana
(hasta finales de 1998), incluyendo proporciones aproximadas
de las extensiones de áreas terrestres y marinas protegidas
según categoría de manejo, y ofreciendo algunos indicadores
de implementación de manejo
Un aspecto importante a destacar y lo cual
se muestra también en el cuadro anterior, es el reducido número
de las áreas protegidas del país que cuenta con planes de manejo.
De las 40 áreas indicadas en el cuadro, solo 10 de ellas contaba
en el 2000 con un plan de manejo y de éstas solo 4 estaban
implementando dicho plan.[10]
La mayoría de estas áreas no está acondicionada para recibir
adecuadamente a visitantes. Por lo regular, carecen de infraestructura
adecuada, de personal y otras comodidades que faciliten su uso
sostenible. Esta situación determina que el turismo ecológico
y alternativo en las áreas protegidas esté aún en un estadio
incipiente en el país.[11] La consolidación del manejo sostenible de los
recursos naturales existentes en las áreas protegidas sigue
siendo un reto tanto para el Estado como para la sociedad civil
del país.[12]
4. El
Estado Actual de las Políticas de Medio Ambiente y Recursos
Naturales
En materia de medio ambiente y manejo de recursos naturales,
el país ha carecido de políticas definidas y coherentes. Hasta
la fecha, la improvisación y las medidas coercitivas antojadizas
y sin ningún criterio de sostenibilidad ha sido la norma que
ha guiado por mucho tiempo las acciones en este campo. Según
se establece en el informe de Desarrollo Humano en la República
Dominicana, 2000, del PNUD, la orientación de la política ambiental
en el país se ha caracterizado por una prolífica creación de
decretos, leyes, resoluciones, normas, instituciones, comisiones,
convenios, tratados y acuerdos, que ha tenido como resultado
soluciones temporales que no abordan los problemas fundamentales
con soluciones definitivas.[13]
Ha faltado también un seguimiento y respaldo institucional
sistemático a los convenios globales relacionados con la protección
del medio ambiente y el manejo de los recursos naturales.
Desde hace algunos años, no obstante, se nota una preocupación
creciente por asumir los compromisos contraídos por el país
al firmar y ratificar estos convenios internacionales[14]y
al acometerse una serie de intervenciones orientadas a mejorar
la calidad del medio ambiente. La creación de una Comisión
de Seguimiento a los Acuerdos de la Conferencia de las Naciones
Unidas Sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, el mismo
año de la Cumbre, es una muestra del interés inicial que despertó
en el país la problemática ambiental y la sostenibilidad del
desarrollo.
Asimismo, ha sido notoria la desvinculación
entre las políticas de desarrollo económico y las acciones en
torno al medio ambiente y el manejo de los recursos naturales.[15]
Sin embargo, desde la administración del gobierno pasado se
iniciaron esfuerzos por elaborar una política ambiental de mediano
y largo plazo, que permeara todas las esferas y sectores de
la realidad nacional, incluyendo el ámbito del desarrollo económico.
En la actualidad, si bien no se ha puesto en marcha todavía
una política nacional integral de medio ambiente y manejo
de los recursos naturales, existe sin embargo un conjunto
de acciones de los últimos gobiernos plasmadas en proyectos,
programas, disposiciones, decretos ejecutivos, legislaciones,
etc., que pueden servir de base para caracterizar la situación
actual de las políticas y la legislación nacionales en este
ámbito.
Entre las más recientes de estas
acciones están el Proyecto Capacidad 21 (ya finalizado), Proyecto
de Políticas Nacionales de Medio Ambiente (también finalizado);
la Política Social del Gobierno Dominicano, elaborada por el
Gabinete Social de la Presidencia de la República; el Plan Nacional
de Ordenamiento Territorial; la Ley General de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (Ley 64-00) y todas las leyes sectoriales
en proceso de elaboración (Ley de Areas Protegidas, Ley de Aguas,
Ley Forestal, etc); la Ley de Educación Superior, Ciencia y
Tecnología (Ley 139-01). Adicionalmente, el país cuenta con
una Ley de Salud, una Ley de Educación, las cuales, tocan a
diferentes niveles la cuestión ambiental y los recursos naturales.
Es evidente, sin embargo, la dispersión, los traslapes y
la ausencia de coordinación entre las diferentes iniciativas
ejecutadas y en proceso de ejecución, lo que habla de la necesidad
de unificar criterios en pos de una política de desarrollo
integral que coloque realmente al país en las sendas del desarrollo
sostenible. Esta política de desarrollo orientada a la sostenibilidad
no estaría completa si no se pone en consonancia con una legislación
ambiental también integral y coherente y, desde luego, en
consonancia además con una voluntad política clara y definida,
tanto hacia los compromisos nacionales como hacia los compromisos
internacionales, contenidos en las convenciones y acuerdos
globales firmados y ratificados por los organismos decisores.
En este sentido, se requieren esfuerzos adicionales para que
se complete la legislación ambiental del país, esto es, para
que se elaboren con la participación democrática de todos
los actores interesados de la sociedad, las leyes sectoriales
y reglamentos de estas leyes indispensables para desarrollar
a cabalidad la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Ley 64-00). Hasta que esto no se haga, el país seguirá manejándose
a ciegas en muchos aspectos de la gestión medioambiental y
de los recursos naturales. Es necesario, además, trabajar
en la superación de los traslapes y duplicaciones presentes
en la legislación ambiental vigente en el país.
En síntesis, los avances hacia la sostenibilidad
ambiental demandan que los planes de desarrollo integren en
términos de acciones y financiamiento las variables medioambientales,
incluyendo los compromisos del respeto a las convenciones ambientales
globales. Justamente, la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Ley 64-00) plantea en su capítulo 1 la necesidad de incorporar
la dimensión ambiental a todos los planes de desarrollo nacional,
regional y provincial del país. Este mandato legal se acompaña
también de la obligación de que todas las instituciones públicas
centralizadas, descentralizadas, autónomas y semiautónomas del
Estado, así como los ayuntamientos, etc., incluyan en sus presupuestos
las partidas correspondientes para la implementación de las
variables ambientales de sus respectivos planes y acciones.
[16]
5. El
Marco Institucional y Legal de la Cuestión Ambiental y del
Manejo de los Recursos Naturales
La protección y conservación de las especies endémicas
y de toda la diversidad biológica del país ha encontrado un
sólido respaldo jurídico en la Ley General de Medio Ambiente
y Recursos Naturales o Ley 64-00, promulgada en agosto del 2000.
De acuerdo a esta Ley, se declara de alto interés nacional,
la conservación de las especies de flora y fauna nativas y endémicas,
el fomento de su reproducción y multiplicación, así como la
preservación de los ecosistemas más naturales que sirven de
hábitat a aquellas especies de flora y fauna nativas y endémicas
cuya supervivencia dependa de los mismos, los cuales serán objeto
de rigurosos mecanismos de protección in
situ.[17]
Hasta agosto del 2000, cuando se promulga la Ley 64-00, las
cuestiones ambientales y el manejo de los recursos naturales
estuvieron regidas por diversas instituciones, dispersas y
sin ninguna o muy escasa coordinación entre ellas. Esta dispersión
no favorecía el manejo eficiente y eficaz de los recursos
naturales y de toda la problemática ambiental. Parte de los
esfuerzos de la nueva ley, se orientaron a unificar a todas
estas instituciones y dependencias bajo una sola dirección,
que recayó en la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, creada por dicha Ley. Desde luego, sería
iluso pensar que luego de tantos años de dispersión y falta
de coordinación, una ley resolvería de golpe este problema.
Lo que se advierte es, que el proceso de unificación avanza,
pero no tal vez con la celeridad que la gravedad de la situación
ambiental del país amerita. La dispersión, el traslape y la
falta de coordinación entre las distintas instancias que ahora
están bajo una sola dirección, si bien en menor medida, aun
sigue existiendo y se requerirán esfuerzos sostenidos para
poder superarlas totalmente. La creación de la Secretaría
de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales es una excelente
oportunidad no solo para poner fin a la referida dispersión
y al traslape que se daba entre las diferentes instancias
del Estado, sino también, para poder diseñar e implementar
políticas y estrategias de conservación y manejo de los recursos
naturales coherentes y orientadas a la sostenibilidad del
desarrollo a todos los niveles.
En el plano institucional es relevante
también destacar, que antes de la creación de la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ya existía en el país
una amplia gama de organizaciones no gubernamentales, muchas
de ellas verdaderas instituciones con larga experiencia en el
manejo y ejecución de programas y proyectos medioambientales,
así como en la conservación y defensa de los recursos naturales.
Estas instituciones han venido haciendo aportes significativos
por la conservación del medio ambiente y la biodiversidad,
siendo algunas de ellas responsables o co-responsables del manejo
de algunas áreas protegidas públicas, como son, entre otros,
los casos de la Fundación Loma Quita Espuela, encargada de la
administración de la Reserva Científica del mismo nombre, en
la Cordillera Septentrional; Fundación Progressio, responsable
de la administración de la Reserva Científica Ebano Verde, en
la Cordillera Central, y; la Sociedad para el Desarrollo Integral
del Nordeste (SODIN), encargada del co-manejo de la Reserva
Científica Loma Guaconejo, también en la Cordillera Septentrional,
sector del Nordeste.
Es importante destacar también, que la misma formulación
de la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales, contó con
los esfuerzos y aportes del sector de la sociedad civil agrupado
en las ONG ambientalistas. Con el surgimiento de la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al ir asumiendo ésta
su papel rector de la cuestión ambiental pública, el sector
de las ONG ambientalistas ha tenido que ir redefiniendo su
rol y sus espacios de acción, en aras de no duplicar los esfuerzos
del Gobierno, sino más bien de complementar y redimensionar
estos esfuerzos.
Al igual que en el ámbito institucional,
la Ley 64-00 ha creado las bases para terminar también con la
dispersión en materia de legislación ambiental. Del mismo modo
que en la parte institucional, en el ámbito legal también se
advierte la misma inercia y la lentitud que caracterizan a estos
procesos de institucionalización y re-ordenamiento jurídico.
De nuevo, sin embargo, este re-ordenamiento legal ha creado
las bases para darle coherencia y sistematicidad a los esfuerzos
por la conservación y protección de los recursos naturales del
país. Se debe tener presente, no obstante, que la Ley 64-00
es una ley marco, que debe ser complementada con las diferentes
leyes sectoriales que se encargarán de normar la cuestión ambiental
y el manejo de los recursos naturales en el plano específico
y operativo, particularmente, en lo referente a los recursos
hídricos, forestales, biodiversidad y áreas protegidas, etc.
6. Principales
Problemas Medioambientales del país
A pesar de su gran diversidad
y endemismo de especies, la República Dominicana encara una
serie de problemas que ponen en entredicho la sostenibilidad
de su riqueza biológica y que plantean un serio reto no sólo
al Estado sino a toda la sociedad. El uso indiscriminado y descontrolado
de la tierra así como su cambio de uso, la degradación de los
bosques y las cuencas hidrográficas, la caza y la pesca indiscriminadas
de muchas especies faunísticas, etc., amenazan la sustentabilidad
tanto del presente como del futuro de la nación.
En el recuadro siguiente se resumen los principales problemas
ambientales que confronta el país así como las causas y consecuencias
de los mismos.
Recuadro No. 1
Los principales problemas ambientales del
país
|
El
medio ambiente y la base de recursos naturales de la
República Dominicana están siendo utilizados y degradados
sin garantías de sostenibilidad, mediante los siguientes
procesos:
- La degradación del capital de recursos naturales
de las cuencas, incluyendo los recursos hídricos,
los suelos y los recursos forestales, amenaza el potencial
productivo, arriesgando el desarrollo futuro;
- La destrucción y degradación de los ecosistemas
naturales y su diversidad biológica, amenazan el patrimonio
natural del país;
- La contaminación del aire, del agua, de los suelos,
la acumulación de desechos sólidos, y el ruido deterioran
la calidad de vida y contribuyen a la degradación
de los recursos.
Los factores causantes de estos procesos
de degradación pueden clasificarse en tres grupos:
- Actividades que conllevan un uso no sostenible de
los recursos (sobreuso de recursos hídricos, erosión
agrícola, deforestación, sobrepesca, extracción incontrolada,
etc);
- Cambios de uso del territorio que sustituyen
los sistemas anteriores de aprovechamiento de recursos
por razón de decisiones económicas (urbanización,
industrialización, etc);
- Prácticas que producen externalidades o sea costos
ambientales impuestos por productores y consumidores
de bienes, a otros usuarios y a la colectividad en
general (contaminación del agua y sedimentación, contaminación
del aire, ruido, desechos sólidos, etc).
Las
consecuencias socio-económicas de la degradación de
la base de recursos son múltiples:
- El potencial productivo de los recursos se reduce,
afectando las fuentes de ingresos de los sectores
de la población que de ellos dependen, y amenazando
la sostenibilidad de servicios básicos;
- La calidad de vida se deteriora, la pobreza rural
y marginación aumentan;
- La degradación de los recursos y del medio ambiente
tiende a crear situaciones donde el impacto de los
factores naturales, como ciclones, tormentas, incendios
se multiplican, determinando una mayor vulnerabilidad a los desastres;
- La competitividad de la economía nacional puede
estar afectada a mediano plazo en sectores sensibles
como el turismo y la agricultura.
|
Fuente:
Adaptado de: Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, Proyecto de Reforma de las Políticas Nacionales
de Medio Ambiente, febrero de 2002.
El deterioro ambiental expuesto es un serio obstáculo para
que una porción considerable de la población pueda continuar
obteniendo sus ingresos por medio del uso tradicional de los
recursos naturales de que dispone, produciéndose un fenómeno
de abandono acelerado de los predios rurales y el éxodo final
de amplios contingentes humanos a las ciudades. En las grandes
urbes, este flujo migratorio representa una presión adicional
y no planificada sobre los servicios, infraestructura y recursos
disponibles que difícilmente puede ser soportada por mucho tiempo
por la ya de por sí endeble organización urbana existente en
el país. En estas circunstancias, el deterioro de la calidad
del medio ambiente, a la vez que es un resultado de una relación
inadecuada de los humanos con dicho medio ambiente, se convierte
en una causa directa la pobreza y del deterioro de la calidad
de vida no sólo de la población presente sino también de las
generaciones venideras.
7. Degradación
del Bosque y Pérdida de biodiversidad
La destrucción y fragmentación de los bosques
es una de las principales causas de la desaparición y empobrecimiento
de la diversidad biológica. A ello se asocian también las prácticas
agrícolas basadas en la tala y quema, las nuevas tecnologías
de cultivo de tierras secas, la degradación de las zonas marítimo
terrestres, la caza y la pesca indiscriminadas, la destrucción
de humedales, la degradación y contaminación de las fuentes
de agua superficiales, etc.
Esta situación, común en la mayoría de los países de la región
latinoamericana, ha llevado a que en la actualidad, Brasil
tenga unas 113 especies de aves en peligro de extinción. En
tanto que Perú y Colombia tienen cada uno cerca de 64 especies
de aves también en peligro de extinción. Una tercera parte
de los vertebrados de Chile (excluyendo los peces marinos)
están amenazados, mientras que Brasil tiene 71% de sus mamíferos
amenazados y la Argentina más del 50% de sus mamíferos y aves.[18]
Se sabe, que la pérdida de la biodiversidad repercute en
el equilibrio ecológico, produciendo inestabilidad también
en la seguridad alimentaria de los humanos. La pérdida de
biodiversidad a la vez que es un efecto, se convierte en causa
de más desaparición de especies y hábitats, en la medida agudiza
los impactos de las actividades humanas en los ecosistemas
que van quedando y con ello, exacerba también los impactos
de los llamados desastres naturales.
Es importante destacar, que la desaparición y empobrecimiento
de la diversidad biológica y genética, además de romper el
equilibrio ecológico, disminuye las posibilidades de autocontrol
natural, de autorregulación en los casos de plagas, epidemias,
etc. Vale decir, que el concepto de “plaga” actual es totalmente
antropogénico y antropocéntrico, pues la naturaleza en sentido
estricto no tiene plaga, al menos en la forma en que lo concebimos
los humanos, sino múltiples formas de autocontrol y autorregulación.
Lo que actualmente se denomina plaga es generalmente originado
por el monocultivo, el uso indebido y desproporcionado de
agroquímicos y la pérdida de la diversidad biológica.
A todo esto hay que agregar el riesgo de los
elementos vivos creados por el ser humano. Se trata de los llamados
productos y “especies” transgénicos, de cuya evolución se sabe
aún muy poco. Esto se convierte en un factor adicional de riesgo
y posiblemente de desastres de magnitud y consecuencias totalmente
inéditas. No se sabe cómo se van a comportar estos productos
o seres vivos transgénicos al encontrarse en el medio natural,
ni cómo la naturaleza y sus especies van a reaccionar ante estos
elementos artificiales que se cuelan en sus cadenas tróficas,
genéticas y en otros ciclos vitales. En la
República Dominicana, como ya se expuso, a la par que existe
una gran diversidad biológica y endemismo, existen también agudos
problemas socioeconómicos y ambientales que ponen en entredicho
la sostenibilidad de esta riqueza biológica y plantean un serio
reto tanto al Estado como a la sociedad civil. Si bien cerca
de un 16.5 del territorio nacional se encuentra actualmente
bajo algún tipo de protección,[19]
el ritmo de deforestación entre 1980 y 1990 fue de aproximadamente
25,000 hectáreas por año.[20]
Debido a la deforestación indiscriminada, en las últimas siete
décadas del siglo pasado, se perdió aproximadamente el 60% de
todos los bosques del país, quedando a principios de la década
de los noventa, solamente 14% de cobertura boscosa en todo el
territorio nacional.[21]
A comienzos del siglo pasado, el país poseía todavía un 85%
de su territorio cubierto de bosque, pero para 1940, este
porcentaje se había reducido a 70%. Para 1973, quedaban solamente
1.1 millones de hectáreas de bosques, equivalentes a un 23%
y ya en 1986 quedaban solo 0.5 millones de hectáreas de bosque,
para un 10.1% de toda la superficie nacional. A finales de
la década de los 80 en el país quedaban unos 13,266 km2 de
cobertura boscosa, para un 27.5%.[22]
Esta misma cifra la ofrecen Tolentino & Peña
en un artículo publicado en 1998. Según estos autores, “las
comunidades vegetales definidas como bosques, que incluyen desde
las coníferas, bosques nublados, húmedos, simihúmedos y secos,
hasta los manglares, ocupan el segundo lugar en superficie con
13,266.68 km2, representando el 27.52% del área total del país”.[23]
Si bien el ritmo de deforestación parece haberse reducido
a partir de los años 90, debido a lo inaccesible de muchas
de las áreas forestales remanentes, a la creación de nuevas
áreas protegidas y al éxodo rural acelerado en muchas regiones,
el patrimonio forestal del país queda hoy día reducido a 13,000
km2, o sea 27% del territorio nacional, con cerca del 70%
de bosque denso incluido en el Sistema Nacional de Areas Protegidas.
Fuera del Sistema, existirían unos 5,500 km2 de áreas de bosque
con cierto potencial productivo.[24]
Cuadro No. 3.
Distribución de los bosques nativos dentro
y fuera de las áreas protegidas
|
Tipo
de bosques
|
Área
Protegida en Km2
|
Área
Protegida en Km2
|
Fuera
de Área Protegida en Km2
|
%
Fuera de área Protegida
|
Total
Nacional en Km2
|
|
Bosque de
coníferas
|
1,769.49
|
58.5
|
1,255.51
|
41.5
|
3,025.14
|
|
Bosque latifoliado
húmedo
|
1,580.67
|
30.4
|
3,620.73
|
69.6
|
5,201.4
|
|
Bosque latifoliado
nublado
|
716.3
|
64.8
|
388.57
|
35.2
|
1,104.87
|
|
Bosque seco
|
703.8
|
19.1
|
2,973.59
|
80.9
|
3,677.39
|
|
Total
|
4,770.26
|
|
8,238.40
|
|
13,008.66
|
Fuente: Reproducido de: Abt, Diagnóstico
Ambiental. Proyecto de Reforma de las Políticas Nacionales
de Medio Ambiente, Secretaría de Estado de Medio Ambiente
y Recursos Naturales, febrero de 2002
De
acuerdo a otra fuente, el comportamiento del proceso de desaparición
del bosque dominicano se dio según se esboza en el cuadro
siguiente:
Cuadro No. 4.
Estimaciones de Cobertura boscosa
en la República Dominicana
|
AÑO
|
ESTUDIO
(AUTOR)
|
SUPERFICIE
BOSCOSA (KM2)
|
COBERTURA
NACIONAL (%)
|
|
1909
|
Karl
W. Woodward
|
40,000
|
85.0
|
|
1922
|
William
D. Durland
|
36,320
|
75.0
|
|
1940
|
Carlos
E. Chardon
|
34,000
|
69.0
|
|
1967
|
FORESTA
|
5,570
|
11.14
|
|
1971
|
FAO
|
10,966
|
22.0
|
|
1981
|
AID
|
6,640
|
14.1
|
|
1986
|
FAO
|
5,000
|
10.0
|
|
1998
|
SUREÑA
|
13,266
|
27.5
|
Además de la pérdida de importantes poblaciones
de flora y fauna, los impactos de la pérdida de la cobertura
boscosa se expresan también, en la alteración de los ciclos
hidrológicos, erosión de suelos, aumento de plagas y enfermedades,
así como en un déficit en la producción agropecuaria del país.[26]
En gran parte del país, la forma de desmonte tradicional
ha sido total e indiscriminada. Este desmonte ha significado
un cambio radical en el uso de la tierra, sustituyendo los
bosques por otros usos, como la agricultura y la ganadería
extensivas. Esta práctica ha sido la forma más generalizada
de sustituir las tres cuartas partes de las masas boscosas
que originalmente poseía el territorio nacional.[27]
Como consecuencia directa de la
pérdida de la cobertura boscosa, en el país se tienen graves
problemas de erosión de suelos[28], así como terrenos improductivos en las laderas de las montañas,
sedimentación en las presas hidroeléctricas, disminución en
el caudal de los ríos y un incremento en la vulnerabilidad ante
los desastres “naturales”. Adicionalmente, existen áreas en
proceso de salinización, como consecuencia de la escasez de
lluvias y de un manejo inadecuado de la irrigación de tierras,
principalmente en las zonas arroceras.[29]
Las causas de la vertiginosa destrucción de los bosques
radica en el cambio de uso de la tierra que se da a través
de la agricultura migratoria de tumba y quema y del uso de
la cobertura boscosa para la producción de leña y carbón.
Otra causa de este deterioro radica asimismo, en la ganadería
extensiva, los incendios forestales, cortes clandestinos de
madera, conflictos en la tenencia de la tierra y aumento de
la población, entre otras.[30]
Recuadro No. 2
Resumen de las principales causas de la
degradación de los bosques y pérdida de la
biodiversidad
|
Las
causas más relevantes de la desaparición de la cobertura
forestal en la República Dominicana se sintetizan en
los siguientes factores, la mayoría de ellos recurrentes:
- Extracción de maderas preciosas desde el siglo XIX,
lo que ha provocado un fenómeno masivo de deforestación
que continua, aunque en menor escala, hasta la fecha
- Las prácticas agrícolas de tumba
y quema, usadas como principal sistema de producción
en las áreas marginales del país y en vigencia todavía
en algunas áreas del país.
- La ganadería extensiva, una forma
de uso del suelo que ha sustituido de forma permanente
la cobertura boscosa en la mayor parte del país.
- La extracción de productos forestales como leña,
carbón, resina, cuaba, etc, así como el pastoreo libre
y ramoneo de animales, usados como fuentes de ingresos
y medios de vida importantes para los sectores más
pobres de la población rural, ha sido también una
de las causas más relevantes de la degradación de
los bosques y la diversidad biológica del país.
- La desaparición paulatina de cultivos agroforestales
tradicionales como el café y el cacao, provocada
por las condiciones adversas de los mercados internacionales
persistente durante muchos años, ha conducido también
a la pérdida de la cobertura arborea y a la desaparición
de importantes ecosistemas dependientes de estos cultivos
perennes.
- Los incendios forestales que se repiten regularmente
en las áreas de bosques de pino por razones naturales,
por descuidos humanos o por manos criminales, contribuyen
a la degradación de los bosques y a la pérdida de
biodiversidad.
- La construcción de infraestructuras de comunicación
en las áreas de laderas tiene un impacto inmediato
en la pérdida de la cobertura forestal y en la erosión
de suelos y derrumbes.
- Otra causa importante de la degradación de los bosques
y desaparición de hábitats lo constituye la construcción
de infraestructuras productivas como minería, represas
hidroeléctricas, complejos turísticos e industriales,
y la expansión de las áreas urbanas.
- Finalmente, la extracción no regulada de materiales
en los cauces y orillas de los ríos provoca también
la destrucción de las franjas boscosas de protección
y la consecuente pérdida de la biodiversidad.
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Fuente: Secretaría
de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Diagnóstico
Ambiental. Proyecto de Reforma de las Políticas Nacionales
de Medio Ambiente febrero de 2002.
A
la pérdida del bosque y la biodiversidad, hay que agregar
la degradación ambiental provocada por una acelerada e insustentable
industrialización y urbanización. En el país hay un alto grado
de contaminación ambiental, y si bien no se tienen a la fecha
datos precisos, “se estima que una gran cantidad de nuestros
ríos y playas están fuertemente contaminados y en proceso
de deterioro progresivo, debido al mal manejo de los desechos”.[31] De acuerdo al Informe de Desarrollo Humano
en la República Dominicana, 2000, del PNUD, la contaminación
de las aguas superficiales y subterráneas usadas para el consumo
humano por los dominicanos, se considera el problema más serio
de contaminación en el país.[32]
Para detener el acelerado proceso de degradación de los recursos
naturales descrito, se necesita cambiar el patrón que ha predominado
en el manejo y explotación de dichos recursos. Fue esta necesidad
de cambio la que llevó precisamente a la formulación y ejecución
del Proyecto de Reforma de las Políticas Nacionales de Medio
Ambiente durante la Administración del Estado pasada y finalizado
en la actual gestión. Pero, cambiar la orientación de las políticas
nacionales de medio ambiente con miras al desarrollo sostenible
implica, de hecho, un reordenamiento de las políticas de desarrollo
socioeconómico del país, cuestión esta que no parece estar clara
en la cabeza de muchos de los que están a cargo de la administración
del Estado. Se requiere pasar del inmediatismo economicista
a una política basada en el equilibrio entre las necesidades
y aspiraciones de corto, mediano y de largo plazo de la población.
8.
Uso Actual y Capacidad de Uso de la Tierra
Estudios sobre la capacidad de uso de la tierra
indican que aproximadamente un 12.6% de los suelos del país
son aptos para la producción agrícola, se trata de suelos de
las llamadas clases I-III. En tanto, cerca del 55% de la tierra,
perteneciente a las clases VII-VIII, son aptas solamente para
bosques y protección de la vida silvestre.[33]
Cuadro No. 5
Clasificación de la Capacidad de Uso de la
Tierra (Sistema USDA) para la República Dominicana
Como se advierte sin dificultad en el cuadro anterior, aproximadamente
un 67% de las tierras del país corresponden a las clases VI
a VIII, lo que significa que su vocación es estrictamente
forestal, de protección y conservación de la biodiversidad.
Estos datos, a la vez que echan por tierra la muy divulgada
y pretendida vocación agrícola del país, obligan a prestar
especial atención al establecimiento de un cuidadoso régimen
de ordenamiento del territorio de acuerdo a su capacidad y
a la introducción de regímenes de manejo que permitan un uso
sostenible de los suelos y demás recursos naturales.
A pesar de que esta clasificación de la capacidad de uso
de la tierra data de finales de los años sesenta, muy poco
o nada se ha hecho para llevar a cabo tal ordenamiento. En
1990, un estudio estableció que de las 4,844,200 hectáreas
de superficie existentes en el país, cerca de 29,600 hectáreas
estaban dedicadas a zonas urbanas y carreteras, en tanto que
2.6 millones de hectáreas estaban dedicadas a uso agropecuario
(1.4 millones a la agricultura y 1.2 millones a pastizales)[34], equivalente a cerca de 55%
de ese total. Al comparar estos datos de uso actual con los
de capacidad de uso expuestos más arriba, se ponen de manifiesto
los serios conflictos de uso de la tierra existentes en el
país. Estos conflictos de uso explican en gran medida fenómenos
como la erosión de suelos,[35]
la sedimentación de las fuentes de agua superficiales, la
deforestación y pérdida de biodiversidad, la desertificación,
etc.[36]
El último censo agropecuario realizado en 1992
muestra una importante dinámica en la utilización de la superficie
bajo explotación, que se expresa en ciertas variaciones en el
uso de la tierra con respecto al censo anterior de 1982. Por
ejemplo, las áreas de cultivos temporeros y permanentes se incrementaron
en un 27.7%, a expensas de una reducción de las áreas en descanso
y las clasificadas como montes, bosques y otras tierras. La
disminución de las áreas con pastos es pequeña (2%), sin embargo,
la superficie con pastos cultivados disminuyó del 31.2% al 22.4%.
Pero no solo los conflictos de uso y capacidad de uso de
la tierra dificultan el manejo sostenible de los recursos
naturales, sino que también lo dificultan los conflictos de
tenencia. Estos conflictos de tenencia son particularmente
agudos en las zonas de amortiguamiento de la mayoría de los
parques nacionales y otras áreas protegidas del país. En
la Cordillera Septentrional y especialmente entre las áreas
protegidas Vedado Diego de Ocampo y Reserva Científica Loma
Quita Espuela hay varios asentamientos campesinos del IAD
cuyos terrenos aún permanecen sin títulos definitivos. Una
situación similar existe tanto dentro como fuera de la Reserva
Científica Valle Nuevo, en la Cordillera Central, la misma
situación se repite el Parque Nacional Los Haitises y en las
áreas protegidas de la zona fronteriza. Esta situación crea
incertidumbre entre los concesionarios de tierras del Estado,
particularmente cuando se habla de actividades de ordenamiento
territorial y conservación de recursos naturales.
Los conflictos en torno a la tenencia
de la tierra constituyen una fuente de desgaste para cualquier
proyecto productivo o de conservación y manejo sostenible de
los recursos naturales, por lo que su solución tiene que estar
en el centro de los problemas a resolver prioritariamente. Esta
situación de conflicto en torno al uso y tenencia de la tierra
plantea la urgencia de un programa de ordenamiento legal de
la tenencia y uso de la tierra en el ámbito nacional como paso
previo a cualquier intento de ordenamiento territorial y manejo
sostenible de los recursos naturales.
9. El
Estado de las Aguas
Según el Banco Mundial, en Centroamérica, cerca del 70% de
la población tenía en 1995 acceso a la red pública de distribución
de agua potable, sin embargo, en todo el continente latinoamericano,
solo un 2% de las aguas servidas recibe algún tratamiento.[37] Aquí ya se tiene un elevado
factor de riesgo de potenciales desastres, pues según se ha
establecido, la principal causa de la contaminación de las
aguas es la descarga directa de los desechos domésticos e
industriales sin ningún tratamiento a la superficie de los
cuerpos de agua, lo cual contamina no solo estos cuerpos de
agua, sino también los acuíferos adyacentes.[38]
La sedimentación producida por la erosión y las descargas
domésticas, los desechos agroquímicos e industriales, se reportan
también como principales causas del deterioro de la calidad
de las aguas.[39]
Otro factor es la salinización proveniente de la irrigación
de terrenos. En el continente, el área irrigada es de 697,000
km2, lo que corresponde a un 3.4% del territorio de la región.[40]
La situación de la República Dominicana no
es muy distinta de la descrita para Centroamérica. La población
total del país con acceso a agua potable aumentó de 55% en el
periodo de 1975-80 a un 65% en 1995-96, de este porcentaje,
solo el área urbana recibió cerca de un 80%.[41]Al igual que en el resto del continente, en la Republica Dominicana
se repite la misma paradoja, las zonas productoras de agua están
en el área rural, a veces en las tierras de los propios pobladores
locales, sin embargo, es la población rural la menos favorecida
de la cercanía de las fuentes de agua. Muchas veces, reciben
las aguas de peor calidad y las menos aptas para el consumo
humano.
En general, la situación con respecto a la calidad de las
aguas es realmente crítica. En el país hay un alto grado de
contaminación de los cuerpos de agua superficiales y subterráneas
y si bien no se tienen a la fecha datos precisos, según una
fuente de la propia Presidencia de la República, “se estima
que una gran cantidad de nuestros ríos y playas están fuertemente
contaminados y en proceso de deterioro progresivo, debido
al mal manejo de los desechos”.[42] De acuerdo al Informe de Desarrollo
Humano en la República Dominicana, 2000, del PNUD, la contaminación
de las aguas superficiales y subterráneas usadas para el consumo
humano por los dominicanos, se considera el problema más serio
de contaminación en el país.[43]
Una nueva Ley de Aguas cursa en
el Congreso Nacional desde hace mas de un ano, sin embargo,
este organismo no ha sido capaz de aprobarla y dar paso así
a las necesarias transformaciones que requiere este sector.
10. Conclusión
Como se expuso a lo largo del
trabajo, la República Dominicana confronta una aguda crisis
de gestión del medio ambiente y su sus recursos naturales. Serios
problemas de deforestación, erosión de suelos, pérdidad de biodiversidad,
cambios en los ritmos de precipitaciones, degradación de acuíferos
y cuencas hidrográficas, contaminación ambiental, etc, amenazan
la sobrevivencia de las presentes y futuras generaciones.
Se trata de una crisis de sostenibilidad económica, social
y ambiental que amerita cambios sustanciales en el modo como
se ha estado manejando la cuestión ambiental. Cambios que
conduzcan a una gestión responsable de la relación del ser
humano con la naturaleza y sus sistemas de soporte vital.
Cambios que conduzcan a un balance en la distribución y redistribución
de la riqueza social de modo que se puedan superar los niveles
de pobreza que se revierten en causa de más degradación del
medio ambiente. Cambios que produzcan a una mayor conciencia
en torno a la necesidad de conservar el medio ambiente y todos
sus sistemas vitales. Cambios hacia un desarrollo para sostener
la vida en todas sus formas y manifestaciones. Cambios para
la consecución de un mundo más feliz y equilibrado, con equidad
social y de género. Cambios, en fin, hacia un desarrollo económico
dentro de los límites de la naturaleza y la capacidad regenerativa
de sus ecosistemas.
BIBLIOGRAFIA
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